La decisión de la Unión Europea (UE) ha generado una fuerte oposición de Estados Unidos, China y ahora también en varios países de Latinoamérica,  amenazando con desatar una verdadera guerra comercial.

La medida, que fue adoptada en el año 2008 (ver “el origen de la controversia”), pretende incluir a la aviación en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), lo cual significa que tendrá que pagar por cada tonelada de CO2 emitida en sus trayectos con origen o destino en la UE.

Las principales aerolíneas estadounidenses han manifestado su molestia por esta medida denunciando la legislación europea ante la justicia británica, la que a su vez hizo las consultas respectivas al Tribunal de Justicia de la UE.

El próximo 6 de octubre se pronunciará uno de los abogados generales de este Tribunal emitiendo una opinión pero que no será definitiva. Al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos se encuentra en proceso de tramitar una ley en oposición al sistema ETS europeo, el cual es apoyado expresamente por varios países de América Latina, como Brasil y México.

Efecto dominó

La Asociación Latinoamericana y Caribeña de Transporte Aéreo (ALTA) solicitó que se rechace la inclusión de la aviación en el comercio europeo de emisiones, ya que considera que representa una amenaza para los operadores de la región y ocasionaría importante pérdidas económicas.

Asimismo, China ha amenazado con llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al mismo tiempo restringir el acceso de las compañías de la UE a su mercado ya que considera que dicha medida pone en riesgo sus intereses económicos. Otros países que también han manifestado su descontento fueron India y Rusia.

Según la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA), Bruselas debería primero tomar conciencia de que se enfrenta con una firme y creciente oposición por parte de varios países, lo cual va a hacer difícil la puesta en marcha de la medida y después hacer todo lo posible para asegurar que las aerolíneas de la UE no resulten perjudicadas al tener que cumplir una legislación ambiental exigente que no respeta el resto de operadores internacionales.

La decisión de la UE de cobrar por las emisiones emitidas durante todo el trayecto con origen o destino en la UE es un punto con el que discrepan especialmente las compañías
norteamericanas, que reclaman pagar sólo por el CO2 expulsado a la atmósfera al sobrevolar territorio comunitario.

El origen de la controversia

El 8 de julio de 2008 los legisladores de la Unión Europea aprobaron incluir a la aviación, a partir del año 2012, en un plan para recortar las emisiones de carbono, un elemento clave para combatir el cambio climático.

El Parlamento Europeo votó por 640 a 30 a favor de una normativa que obligue a las aerolíneas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono un 3% en el primer año y un 5% a partir del 2013, con el pago del 15% de sus permisos de contaminación inicialmente.

La ley incluye a todas las aerolíneas que utilicen los aeropuertos de la Unión Europea, incluyendo a compañías no europeas.