A mediados de diciembre pasado venció el acuerdo firmado entre los gobiernos de México y China para mitigar el impacto que en la producción mexicana del vencimiento de las reservas hechas en el protocolo de adhesión del país asiático a la OMC (Organización Mundial de Comercio).
Esta noticia ha generado cierta preocupación en México, tanto en el sector privado, como en ámbitos gubernamentales. Una de las prioridades es evitar todo tipo de posibles prácticas desleales por parte de los exportadores chinos, especialmente las estrategias de dumping, para lo que el gobierno de México ha comenzado a aplicar con mayor rigurosidad sus mecanismos de inspección sobre las importaciones provenientes de ese país.
El “Acuerdo Comercial de Transición en materia de Cuotas Compensatorias” fue el resultado de una negociación entre los gobiernos de ambos países, que siguió al vencimiento de las reservas hechas por el país latinoamericano a la incorporación de China como miembro de la OMC. En este tratado bilateral firmado a principios de junio de 2008 se establecía un periodo de transición de aproximadamente tres años y medio, en el cual se brindaría protección a 204 posiciones arancelarias consideradas “sensibles” por el gobierno mexicano.
Esta protección consistió en el mantenimiento de una tasa de importación adicional sobre el valor de aduana. El objetivo de mantener los mecanismos de compensación para estos productos se centró en proteger a esos sectores industriales de los posibles efectos negativos generados por la repentina eliminación de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones chinas. De más está decir que, de haber impuesto esta tasa de modo unilateral, México habría incumplido con las reglas de la OMC. Esto es clara muestra de la buena voluntad por parte de China para que las condiciones de su ingreso al organismo internacional fueran lo más pacíficas que estuviera al alcance de sus negociadores.
Según explicaron autoridades mexicanas, uno de los motivos que llevó a la negociación y firma de este convenio fue una divergencia en la interpretación hecha por cada lado sobre cómo poner de conformidad con las reglas de la OMC las respectivas políticas comerciales ante el vencimiento de las reservas contenidas en el Protocolo de Adhesión de China. Esta salida fue un punto intermedio acordado entre ambos países para evitar que se generaran largos procesos legales a causa de incumplimientos en las reglas de la OMC. Es más, el acuerdo no sólo significó una salida dialogada ante un potencial conflicto comercial, sino que además estableció un mecanismo para favorecer las relaciones económicas bilaterales.
Los sectores comprendidos en el acuerdo eran: textiles, confección, calzado, juguetes, bicicletas, herramientas, electrodomésticos, maquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, encendedores, lápices, válvulas, balastros, cerraduras y velas. En 2008, los ingresos conjuntos de estas industrias sensibles representaban casi el 10% del aporte hecho por el sector industrial al PIB mexicano, a la vez que generaba cerca de un millón de empleos en todo el país.
Por un lado, el vencimiento de este acuerdo obliga el empresariado mexicano a incrementar su competitividad ante la liberación del ingreso de productos provenientes de China. La industria mexicana tuvo aproximadamente diez años para adaptarse a esta apertura (ya que el gobierno chino accedió a firmar dos acuerdos de transición consecutivos con México, primero uno de seis años de duración a partir de 2001 y luego el acuerdo que venció en diciembre pasado).
Por otro lado, el gobierno ha expresado su intención de intensificar los controles sobre las prácticas comerciales desleales. Se teme que, además de los menores costes de los productos chinos, las prácticas comerciales de varias empresas de ese país sean perjudiciales para la industria mexicana. Estas novedades llegan, a su vez, en un momento en que México está intentando diversificar los mercados para sus exportaciones, por lo que el modo en que este vencimiento afecte a la producción local será una muestra cabal de la competitividad internacional de la industria mexicana.
Por el lado del empresariado chino, una opción para mantener las relaciones bilaterales lo más estables y sanas que sea posible es la co-inversión. Según el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de China en México, Chen Yuming, esta opción es buena también para las empresas mexicanas preocupadas por la eliminación de las protecciones. Los procesos de asociación entre empresas de los dos países para realizar procesos de co-inversión representarían un modo de incorporar nuevas tecnologías a las producciones mexicanas, elevar su competitividad internacional y evitar el malestar por la competencia entre productos chinos y mexicanos.
Tales procesos asociativo permitirían a México no sólo resistir el ingreso de productos chinos, sino incluso incrementar sus exportaciones al país asiático. De este modo, se lograría el objetivo de reducir la dependencia del país latinoamericano respecto del mercado estadounidense. Es más, desde el punto de vista Chino, la posibilidad de co-invertir con empresas mexicanas potencialmente abriría aún más el ingreso de sus productos a los mercados de Estados Unidos y Canadá, a través de las preferencias comerciales otorgadas por el NAFTA (acrónimo inglés para denominar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
De cualquier manera, la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana), sostuvo que confía en que el gobierno mexicano continuará protegiendo a los sectores industriales sensibles, ya no a través de aranceles extraordinarios, sino frente a las posibles prácticas comerciales desleales que se espera que apliquen distintas empresas chinas.
