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Manejo de liquidez bancaria y direccionamiento del crédito en el ojo del huracán

Dario Cervantes Padilla | 23 Octubre del 2014

El reciente Código Monetario que entró en vigencia el 12 de septiembre del 2014, ha generado preocupación sobre cuatro temas: direccionamiento de crédito, moneda electrónica, manejo de la liquidez y un eventual freno al consumo. Según el gobierno, estos temas se dirigen a  tres grandes objetivos: el primero es otorgar mayor seguridad a los depositantes a través de entidades más sólidas y mejor controladas; segundo, utilizar el crédito como instrumento de desarrollo; y tercero, simplificar y sistematizar un aparato normativo caduco.

Para la banca privada, de estos cuatro asuntos, dos están en el ojo del huracán: la potestad del Estado y de la nueva Junta de Regulación sobre el manejo de la liquidez de la banca y el direccionamiento del crédito.  Angelo Caputi, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, afirma que a la banca privada le preocupa que el nuevo Código no defina lo que es “excedente de liquidez”, y que se direccionará el crédito con los recursos de los depositantes.
 
Pero, luego de una reunión en agosto último entre representantes de la banca con el presidente ecuatoriano, se ha llegado a un acuerdo en cuatro temas: manejo de liquidez de la banca, el manejo del fondo de liquidez, el direccionamiento del crédito, y la protección de los depositantes de toto el sistema financiero.

Uno de los problemas fundamentales era el excesivo poder que otorgaba el Código Monetario a la nueva Junta de Regulación creada en este cuerpo legal, puesto que tal  organismo estaría compuesto de solo cinco personas con potestad para determinar la forma según la cual debería direccionarse el crédito de la banca privada de todo un país; dicho de otra forma, este nuevo organismo tendría la suficiente autoridad para invertir en lo que según su único criterio fuera beneficioso para la banca y sus depositantes.  

Aparentemente, el gobierno ha aceptado introducir una enmienda en la que se estipule que este aspecto se realice de acuerdo a las necesidades financieras privadas, tomando en cuenta los tipos de recursos y plazos a los que capta la banca, así como los riesgos de los segmentos a los que se destinará esos recursos.

En cuanto al manejo de la liquidez, el ejecutivo ecuatoriano ha aceptado la propuesta de la banca privada, en el sentido que la liquidez debe invertirse en instrumentos que garanticen la inmediata disponibilidad para cuando una situación de emergencia así lo requiera, y los depositantes puedan demandar la devolución de sus recursos del sistema bancario.  

Lo que ha intentado la banca privada de Ecuador, es que el excesivo poder otorgado en el Código Monetario a la nueva Junta de Regulación tenga los límites apropiados para asegurar "que el fondo de liquidez sea invertido en instrumentos que garanticen una inmediata disponibilidad de efectivo para cuando las circunstancias así lo demanden", afirmó Antonio Acosta, Presidente Adjunto del Banco del Pichincha, en entrevista con medios de comunicación.

La intención de la banca privada ecuatoriana, no solo consiste en tener suficientes fondos para disponer de ellos cuando los ciudadanos propietarios de los depósitos así lo demanden, sino además, otorgar una protección global a los depositantes como obligación gubernamental y bancaria, y que esa obligación se estipule expresamente en el nuevo Código Monetario, ya que tal protección es inexistente.

Se trata entonces, de dar tranquilidad, estabilidad y confianza a los ciudadanos que depositan en el sistema financiero ecuatoriano. Y si esos cambios tienen lugar, irían en interés de los ciudadanos y no de la banca.
 


Dario Cervantes Padilla. Especialista en economía del desarrollo; derecho internacional de comercio; cooperación internacional, pilotaje y evaluación de políticas públicas. Relación académica con la Universidad Central de Ecuador y el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (IHEID) de Ginebra-Suiza.

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