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Ecuador: Trabajao, subocupación y desempleo

Luis Luna Osorio | 03 Marzo del 2016

Trabajo es el conjunto de actividades realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo puede ser abordado con enfoque en diversas áreas, como la economía o la religión.

 

El trabajo da posibilidades a los hombres y las mujeres para lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma de expresión y de afirmación de la dignidad personal.

 

Gracias al trabajo, el ser humano conquista su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización profesional. [1]_/

 

En la Constitución del Ecuador, artículo 33, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. …

 

Subocupación es la situación en la cual una persona económicamente activa no obtiene por su trabajo ni siquiera el salario mínimo vital, a pesar de estar laborando por más de ocho horas diarias y de lunes a domingo. Existe también otra forma de subocupación, que es aquella en la cual una persona profesional no ejerce su actividad propia y debe dedicarse, por falta de demanda de sus servicios, a otra de menores requerimientos educacionales y baja remuneración.

 

Desempleo es la situación en la cual la persona económicamente activa, a pesar de buscar trabajo por un tiempo determinado, no lo encuentra y por tanto no tiene ingreso monetario.

 

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), utiliza ahora unas definiciones de empleo adecuado y empleo inadecuado, acordes con resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

El empleo adecuado lo conforma la población que no tiene deficiencias de horas de trabajo ni de ingresos derivados de ese trabajo. Este concepto sustituye al antiguo, de ocupación plena.

 

El empleo inadecuado lo conforma la población con alguna deficiencia de horas de trabajo y/o de ingresos. Esta categoría sustituye al subempleo de la anterior clasificación y registra tres categorías: 1) Los subempleados, personas con empleo y con el deseo y la disponibilidad de trabajar más, pero que presentan deficiencia de horas y/o de ingresos; 2) Los empleados no remunerados, especialmente trabajadores familiares, que laboran en actividades que no se transan en el mercado. 3) Las otras personas con empleo inadecuado, que pese a tener una deficiencia en ingresos, reportan no tener el deseo ni la disponibilidad de trabajar más y no ganan el salario básico unificado.

 

A diciembre de 2015, el empleo adecuado significaba el 54,8% de la población económicamente activa (PEA), el empleo inadecuado llegaba al 39,5% y el desempleo era del 5,6%. En marzo de 2015, según el INEC, la población en edad de trabajar era de 11,2 millones de personas y la PEA representaba alrededor de 7,4 millones de personas, con entre 15 y 60 años de edad, que equivalen al 46,3% de la población total de 16 millones de habitantes.   

 

Se hace notar que, en diciembre de 2007, la ocupación plena era del 42,6%, la subocupación era del 50,3% y la desocupación sumaba el 6,1%.

 

Entre el 2007 y el 2015 cambió positivamente la situación existente, pero no lo suficiente, pese a que desde el 2007 en adelante, el país y el gobierno recibieron ingentes cantidades de dinero, que pudieron generar mayor inversión, requerir mucho más y mejor trabajo, lograr mucha mayor producción y elevar el nivel de exportaciones, si las condiciones imperantes en la economía hubiesen sido las adecuadas y no las que han estado vigentes durante este gobierno.

 

Lo que actualmente preocupa es que, la mencionada mejoría 2007 - 2015 de los indicadores de empleo, se vaya por la borda en los próximos años, aumentando la pobreza y la delincuencia, como consecuencia de la crisis económica del país, que no es coyuntural, sino que durará varios años, como lo muestran las proyecciones de crecimiento de la economía ecuatoriana para el próximo cuatrienio, formuladas por el Banco Mundial y otros organismos internacionales.

 

De hecho, miles de empleados privados y públicos han perdido su trabajo en los últimos meses, como consecuencia de las desacertadas políticas del Presidente de la República y de factores externos que no hubiesen afectado tan fuerte a la economía nacional, si hubiese habido menos ideología, más acertada planificación estatal y efectiva participación privada en la inversión.  

 

Esta semana, la Asamblea Nacional comenzó a analizar el “Proyecto de Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo” enviado con el carácter de urgente en materia económica, con tres objetivos: proteger el empleo digno, impulsar el empleo juvenil y sustituir el seguro de cesantía por el seguro de desempleo, ampliando sus beneficiarios.

 

Ese proyecto  cuenta con exposición de  motivos, considerandos, seis artículos; disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, y una disposición final. Hace referencia a la Constitución de la República, en sus  artículos: 3, sobre deberes primordiales del Estado; 33, que dice que el trabajo es un derecho y un deber social; 34, relativo a la seguridad social; 120 numeral 6, sobre la facultad de la Asamblea Nacional de expedir, reformar, derogar leyes; 284, que se refiere a los objetivos de la política económica; 325, sobre que el Estado garantiza el trabajo; 326, principios del derecho al trabajo; 327, relación entre personas trabajadoras y empleadoras; 340, sobre el sistema nacional de inclusión y equidad social; 367, sobre el sistema de seguridad social; 368, relativo a las entidades de seguridad social; 369, seguro social obligatorio;  y, 370, que se refiere al IESS.

 

Sobre el texto del proyecto, habría que decir, en lo fundamental:

 

El gobierno no quiere reconocer que su proyecto de desarrollo económico y social y en consecuencia su política económica, han sido equivocados y  han llevado al país a la situación de grave crisis en la que se encuentra. Por tanto, en sus diversos intentos por evitar que la crisis se ahonde, no ataca los problemas de la economía en su raíz, sino en sus efectos.

 

Para incrementar el empleo, lograr que éste abarque a un mayor número de personas, sea cada vez de mayor nivel de exigencias técnicas y mejor remunerado, se necesita que el Estado, los empresarios y los trabajadores, tengan acuerdos mínimos explícitos o implícitos, entre ellos: uno, visión de largo plazo sobre el desarrollo nacional, con bases reales; dos, seguridad jurídica, sin un tallarín entremezclado de miles de leyes y otras normas mal hechas y frecuentemente reformadas o derogadas; tres, medidas atractivas para la inversión nacional y extranjera, capaces de convencer a inversionistas y empresas importantes, para que ejecuten proyectos de gran magnitud; cuatro, mercados amplios y seguros,  conocidos y con potencial, para la producción nacional, en el país y en el exterior; cinco, uso racional de los ingresos estatales propios, para utilizarlos mucho más en inversión y menos en gasto corriente; seis, remuneraciones justas y dignas para el trabajo, teniendo en cuenta siempre la productividad laboral; siete, utilidades satisfactorias para el capital, porque ningún empresario privado trabaja y arriesga su dinero por altruismo; todo ello, para lograr dinamismo económico y tener opción a redistribuir el ingreso.

 

Lamentablemente, desde el año 2007, nada de eso hay en el país. El Estado, los empresarios y los trabajadores han caminado por sendas diferentes y el primero ha considerado a los segundos poco menos que como delincuentes, por el “delito” de pretender las legítimas ganancias de su riesgo y esfuerzo cotidianos; el Estado se ha reservado la administración de los sectores estratégicos, que son los más importantes para la economía del país; las leyes tributarias y otras, dizque de fomento de la producción, han sido varias veces reformadas y no han dado ni darán  los resultados esperados; a la inversión extranjera se la ha alejado, porque se ha decidido desde el Estado hasta cuál debe ser el sueldo de los gerentes y se ha cobrado impuesto a la renta incluso a empresas que han registrado pérdidas, a veces originadas en sus negocios con el Estado; apenas se avanza en la ratificación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y no se quiere firmar uno con los Estados Unidos, mientras se tiene unos pocos acuerdos firmados con países de muy escasa significación comercial para el país; a los trabajadores se les ha quitado algunas de sus conquistas históricas y ventajas monetarias, como la repartición de utilidades en la forma anterior; a los jubilados actuales y futuros, pero sobre todo a estos, se les ha quitado el aporte del Estado para el fondo de jubilaciones.

 

Para aumentar el empleo significativamente y en poco tiempo, son estos aspectos los que hay que corregir, dando un vuelco de 180 grados al famoso “modelo económico del Socialismo del Siglo XXI”, que no es sino un proyecto mal concebido, copiado de otros que han fallado en diversos países.

 

Con respecto a la reforma a la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, el gobierno reconoce implícitamente que se equivocó al pretender que las empresas paguen a los estudiantes como si fueran trabajadores, porque los pasantes no tienen los conocimientos, la experiencia ni la cercanía con la empresa necesarios, pues saben que pasarán por la empresa poco tiempo y se irán a seguir con sus estudios.

 

De otra parte, en relación con el empleo juvenil, es poco creíble y muy difícil que el gobierno asigne el subsidio a las empresas para los aportes al seguro social, mencionado en el artículo 34.3. Si no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones normales, peor va a tener para este propósito.

 

El proyecto de Ley reconoce implícitamente, en el artículo 3, que no es aconsejable, en una economía como la del Ecuador, la rigidez total de los contratos laborales y que es necesario flexibilizar las normas. Sin embargo, en el nuevo artículo 47.2, numeral 6, exige a los empresarios no tener utilidades, porque si las tienen, deben pagar a quienes trabajaron seis horas, como si hubiesen trabajado ocho, lo cual es inaudito, pues lo que se debe buscar es mantener el empleo - aunque sea con una menor remuneración – porque es muy doloroso no tenerlo, y dejar que las empresas puedan continuar trabajando, para superar las difíciles condiciones en las que las ha puesto el gobierno.

 

Una alternativa sería que esta disposición rija solamente para los trabajadores que, con seis horas de trabajo, ganen más del valor de la canasta básica y sin la condición puesta al empresario sobre las utilidades. No es posible que, a los trabajadores que apenas reciben el salario básico unificado, se pretenda reducirles sus ingresos. Para evitar abusos, están las leyes y el control estatal.

 

De otra parte, esta Ley debería aceptar y normar formas de trabajo flexible acordado entre la empresa y el trabajador, como la de cumplir las 40 horas semanales de labor o una parte de ellas, desde la casa; asistir al trabajo las 40 horas en horarios especiales, incluyendo el sábado y domingo sin recargo salarial; asistir de lunes a viernes en horarios abiertos para dos turnos; y, buscar otras fórmulas creativas que satisfagan al empleador y al trabajador.  

 

En el artículo innumerado que se refiere al financiamiento del seguro de desempleo, se estaría afectando a los trabajadores, porque se les estaría quitando el valor del 1% de la remuneración del trabajador, para crear un fondo de solidaridad. Esto no puede ser, porque de acuerdo con la Constitución, los derechos adquiridos no pueden ser negados a los trabajadores, aunque este gobierno ya ha violado esa norma en otras ocasiones.

 

Finalmente, no hay que legislar solo para quienes ya tienen trabajo Hay que considerar que existe una gran masa de desempleados y subocupados que clama por empleo.

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